La firma adjudicataria del contrato de concesión, una empresa mexicana con amplia experiencia en este tipo de proyectos carcelarios, tendrá dos años para la definición de diseños y construcción de la nueva cárcel y, posteriormente, asumirá la operación de la logística y mantenimiento de la infraestructura por quince años.
La nueva cárcel estará ubicada en San Cristóbal, tendrá una capacidad para albergar a 1.339 personas privadas de la libertad y se construirá con estándares técnicos y de seguridad de última generación, con lo que se espera reducir el hacinamiento en lugares de paso como estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata de la Fiscalía, que se calcula en un 218 %, según cifras de la Personería de Medellín.
Con esta iniciativa se busca dignificar las condiciones de la población sindicada privada de la libertad, ofrecer atención y acompañamiento psicosocial y descongestionar el sistema carcelario. Además, se cumple con los fallos de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, que obligan a los epicentros metropolitanos a tener un reclusorio de estas características para cumplir con la ley.
La Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas es la entidad responsable de la estructuración completa del proyecto.