Juez de la República admite demanda de acción popular contra una nueva cárcel en San Cristóbal
La demanda de acción popular contra una nueva cárcel en San Cristóbal, fue admitida por Ricardo León Contreras Giraldo, Juez Circuito Juzgado Administrativo 034, Medellín, preparada por el abogado Libardo Bolívar Petro y la parte Técnica y Ambiental por el Ingeniero Horacio Augusto Moreno Correa, presentada en contra del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas – APP- y el Concejo Distrital de Medellín.
En la acción popular, argumentan que los terrenos en los que se construirán la nueva cárcel tienen condición especia l-Distrito Rural Campesino-, lo que impediría dicha construcción: “…Producto de la omisión en que incurren las accionadas, al no internalizar los costos ambientales y sociales en la evaluación total del proyecto. Argumenta que los terrenos están en el Acuerdo 048 de 2014 como de “Restauración de Actividades Rurales, con uso del suelo destinado como agrícola, agropecuario, agroforestal, forestal productor”, y que conforme a la Resolución Distrital No. 202250119479 del 24 de noviembre de 2022 “Por la cual se reglamenta el instrumento de planificación complementaria de segundo nivel, Distrito Rural Campesino para el Municipio de Medellín y se dictan otras disposiciones”, tales terrenos tienen condición especia l-Distrito Rural Campesino-, que impedirían construir allí la aducida cárcel.“
Además, en la demanda se resalta los daños ambientales que ocasionaría esta construcción: “…en el predio escogido por el Distrito especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín hay humedales y que no es apto para ningún tipo de construcción, por lo que ocasionaría un daño al medio ambiente y debe considerarse como un área de especial importancia ecológica. afectando a su juicio los derechos colectivos de los habitantes del corregimiento de San Cristóbal de Medellín.”
La demanda también menciona que el lote en el que se construirá la cárcel no tiene el suficiente distanciamiento con la zona residencial de Ciudadela Nuevo Occidente, por lo cual, la cárcel, generaría un
conflicto para la disponibilidad del servicio de agua, considerando que ya existe un déficit del 45% en la cuenca. Adicionalmente menciona que la seguridad ciudadana se vería igualmente comprometida, porque pasaría a albergarse a 1339 presos y que con ello los residentes de la zona de influencia e incluso colegios que están dentro de la misma zona, que es actualmente tranquila, se verían afectados.
Finalmente, la decisión correspondiente, será proferida dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento del traslado de la demanda a la contraparte, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 28, 33 y 34 de la Ley 472 de 1998.
